El enrarecido clima electoral en la Universidad Nacional de Tucumán a fines de 2009 y las objetadas resoluciones del entonces rector Juan Alberto Cerisola con respecto a la forma en la que debían disponerse los fondos de YMAD fueron el centro de una nueva audiencia en el Tribunal Oral Federal donde desde hace meses se juzga al ex directivo universitario y a otros funcionarios de la casa de altos estudios.

Ayer, en primer término, declararon tres ex decanos de la UNT. Frente al Tribunal integrado de manera presencial por el presidente Jorge Alejandro Basbús, y los vocales (vía zoom) Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez, pasaron Bruno Andrada, que estuvo al frente de Agronomía, Horacio Deza, de Medicina, y Adela Estofán de Terraf, de Psicología. Los tres hablaron de su rechazo a la decisión que había tomado Cerisola, y que por eso votaron un dictamen en mayoría que se presentó en el Consejo Superior. “Muchos nos preguntábamos dónde estaba la plata ya que con el tema de las colocaciones financieras advertimos que se había elegido no sólo bancos sino lo que se conocía como cuevas para depositar el dinero”. recordó Deza. Estofán de Terraf dijo que aunque ella particularmente estaba contenta con las obras que se habían realizado, había rechazado las resoluciones atenta a “la necesidad de transparencia” que siempre buscó en su función.

Además de Cerisola también están siendo enjuiciados los ex funcionarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-. La causa se relaciona con el manejo de unos $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT por utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio. Este había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole.

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Luego fue el turno de María del Carmen Gil Moreno quien pertenecía a la facultad de Psicología y había sido consejera por el estamento Docente. “Nosotros tomamos conocimiento de que se habían emitido resoluciones que desconocíamos, las cuales una centralizaba en el Rectorado todo lo que fuera construcciones universitarias, y la otra se entendía que los fondos del YMAD no debían regirse por la ley de obras públicas, Me parecía que no correspondía ya que estaba sobrepasando lo que eran las funciones del Consejo Superior”, afirmó. Y analizó que ella rechazó esas pretensiones ya que “creía que la idea de Ciudad Universitaria se alejaba de la concepción que había planteado Descole”.

Voto en contra

Finalmente fue el turno de Agustín Paz, quien había sido consejero por el estamento Estudiantil. Explicó que había votado en contra a pesar de que no le constaba de que se hubiesen cometido irregularidades, pero “queríamos sacarnos las dudas de las colocaciones en plazos fijos”. “Las resoluciones se apartaban del espíritu de la ley de obras públicas y hubo varios motivos por los cuales yo rechacé los informes, como que por ejemplo no había un orden de prioridades en las obras”. Todos además hablaron de que el rechazo de las resoluciones se produjo en medio de una incipiente campaña política para elegir el nuevo rector, pero coincidieron en que eso no tuvo nada que ver con la decisión que tomaron.

Las próximas audiencias del debate se realizarán el lunes 26 y el martes 27 de agosto.